— España fue “un supermercado de bebés para el resto del mundo”, con recién nacidos que acabaron en lugares tan dispares como Alemania, Reino Unido, Perú o Estados Unidos, afirmó ayer el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) en España, Antonio Barroso.
Esos son algunos de los países donde aún viven muchos afectados por el robo de niños nacidos entre 1950 y 1990 en hospitales españoles, dijo Barroso en un desayuno informativo al que asistió la vocera de la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, Mar Soriano.
“Hemos recibido llamadas” de personas nacidas en España y adoptadas en esos países, agregó el presidente de la ANADIR.
Las presuntas tramas de robo de niños y adopciones ilegales comenzaron tras la Guerra Civil española y se extendieron hasta asentada ya la democracia en España, según denuncia ANADIR. En ellas estuvieron implicados religiosos y personal sanitario.
Se estima que los hijos robados en clínicas y hospitales, en muchos casos diciendo a sus padres que habían muerto tras el parto, son unos 300 mil, si bien Barroso aseguró ayer que esa cifra podría ser mucho más elevada. “El mundo entero se asombra. En Argentina fueron 300 los niños desaparecidos y en España estamos hablando de más de 300 mil”, acotó.
Por su parte, Soriano pidió al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Álvaro Cuesta, que se abra una comisión de investigación sobre los hechos, algo que ya reclamaron los afectados cuando comparecieron en la Cámara Baja del Parlamento español en marzo.
Cuesta subrayó que la Comisión de Justicia está comprometida con la causa y aseguró que antes de que acabe la Legislatura el próximo año, convocarán a una nueva sesión parlamentaria para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y de “los obstáculos que deben ser removidos”.
Uno de los “obstáculos” que encuentran los afectados para localizar a sus familiares, según Soriano, es el acceso a la documentación sobre nacimientos y fallecimientos que entidades sanitarias, instituciones eclesiásticas y otras organizaciones han “clasificado” a lo largo de todos esos años.
Por ello, insisten en la apertura de todos los archivos administrativos, hospitalarios, eclesiásticos y de cementerios, lo que requiere, en su opinión, la intervención conjunta de la fiscalía, los jueces y la implicación de la Audiencia Nacional, que se inhibió del asunto.
Hasta el momento, la Fiscalía tiene abiertas 849 investigaciones en toda España por estos casos, de los cuales 162 han sido trasladados a los juzgados al haber observado indicios delictivos, que serán calificados como detención ilegal con la agravante de que afectaban a menores.
“Estamos ante un escándalo que constituye un drama”, según Cuesta, y ese “drama” lo facilitó en su opinión el sistema político y jurídico imperante en España en esas fechas.
El procedimiento
La forma de operar de las tramas de adopción ilegal solía ser casi siempre la misma, con pequeñas variaciones. Matrimonios que no podían tener hijos se ponían en contacto con personas que les podían “facilitar” un bebé.
Después les avisaban en dónde tenían que recogerlo y cuánto tenían que pagar por él, un dinero que en muchos casos ellos pensaban que era para papeleo y gastos médicos.
Una vez realizado el intercambio, matronas o auxiliares de enfermería en sus ciudades falsificaban el certificado de nacimiento de los bebés para que los nuevos padres pudieran inscribir al bebé en el registro civil.
Las décadas de los 60 y 70 son las que más casos registraron, pero las tramas siguieron operando con la democracia incipiente y se extendieron incluso a los años 90, según ANADIR, organización fundada apenas en enero del año pasado. La ANADIR estima, según el diario República.com, que 15% de los dos millones de adopciones tramitadas en España bajo la legislación previa a 1987 habrían sido irregulares.
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